Revista Dilemas

Por María E. Alonso, desde Santo Domingo

Por más que el presidente dominicano, Leonel Fernández, insista en que las denuncias de corrupción en contra de algunos de sus funcionarios tienen un trasfondo político que persigue descalificar a su Gobierno, los desaciertos de la justicia frente a casos irrebatibles colocan al Ejecutivo en entredicho: si no puede acabar con tanta desvergüenza, o es cómplice o se hace de la vista gorda por intereses y compromisos políticos.

En reiteradas ocasiones, Fernández ha dicho que tiene todas las herramientas legales para combatir la corrupción. Sin embargo, la pasividad oficial ante pruebas concluyentes, que señalan o vinculan a funcionarios del Gobierno a hechos corruptos, han provocado en la sociedad reacciones que van de la desconfianza a la desidia.

No es una nueva maldición. En Dominicana la corrupción floreció en los tiempos del ex dictador Rafael Leonidas Trujillo. La propagó su sucesor, Joaquín Balaguer –quien llegó a decir que sólo se detenía en la puerta de su despacho- y desde entonces a la fecha ninguno de los sucesivos gobiernos ha podido frenarla.

Representantes de grupos empresariales, obreros, intelectuales y de movimientos sociales y políticos coinciden con el Presidente en su propuesta de “asumir el enfrentamiento a este flagelo como un compromiso de todos los sectores y los partidos políticos sin importar que se esté en el poder o en la oposición”. Pero en la práctica, nada ni nadie parece que pueda detener la plaga.

Entre otros desenfrenos cometidos por funcionarios del Gobierno, todavía genera irritación entre la gente el descrédito que provocó meses atrás la respuesta oficial a las acusaciones al titular de la Dirección Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel.

El funcionario fue acusado de sobrevaluar una serie de infraestructuras hasta en un 200%; de haber aumentado la nómina del organismo en un 78%, y de aprobar la desviación de 12 millones de pesos dominicanos, unos 330 mil dólares, del fondo de ahorro cooperativo de sus empleados para gastos de capital. Rodríguez Pimentel, político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), coordinó el Movimiento “Leonel en primera vuelta”, durante las pasadas elecciones presidenciales. Destituído del INDRHI, pasó a dirigir el Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Otra de las inmoralidades que aún provoca ira entre la población también tiene nombre y apellido: Radhamés Segura, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) -famosa por su ineficiencia desde hace casi cuatro décadas- subsidiada por el Gobierno, fue acusado de corrupción y nepotismo. Tenía contratados y con sueldos respetables a más de 40 parientes cercanos.

Ante las fuertes críticas por estas y otras evidencias, el mandatario decidió cambiarlo de silla. Lo nombró asesor del Poder Ejecutivo en materia de energía. El ingeniero no aceptó.

Viejas y nuevas tolerancias son claras señales de que la corrupción sigue ganando terreno, campea a sus anchas a pesar de las advertencias y recomendaciones al Ejecutivo.

A finales de julio de este año una encuesta de Gallup diagnosticó que entre las instituciones con más corrupción están los partidos políticos, con el 52.5%; Justicia, con 49.8%; la Policía Nacional, con 44.6%, el Congreso Nacional, con 40.9% y el Departamento de Persecución de la Corrupción, con el 33.6%. El sondeo también determinó una alta fragilidad de los funcionarios a posibles sobornos.

En esos días, otra encuesta, pero de un diario local, estableció que el 66% de los ciudadanos percibía que la corrupción iba en aumento. El 59% consideró que en la actualidad hay más corrupción que antes y el 83% aseguró que la impunidad se repite con más frecuencia.

En las últimas semanas, la Fundación Justicia y Transparencia solicitó a los partidos políticos la depuración de los candidatos a cargos electivos, ya que es público y notorio que cobijan a buena parte de la delincuencia.

Por esos mismos días, el ex candidato presidencial Guillermo Moreno, dijo que la corrupción es consecuencia directa del clientelismo político y por falta de voluntad del Jefe de Estado.

En similares términos se han expresado voceros de grupos populares, quienes insisten en que la gente quiere ver señales de que existe voluntad para combatir la corrupción, que afecta directamente la inversión social, el desarrollo humano y material del país.

Para el director del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, Octavio Figueroa, “la corrupción agudiza la desigualdad social y disminuye las partidas que deben ser dirigidas a políticas sociales como educación, salud, vivienda, juventud, niñez, envejecientes, saneamiento, agropecuaria y creación de fuentes de empleo”.

En otro orden, politólogos locales alertan sobre la posible alta abstención en las elecciones congresuales y municipales del próximo año, debido a los niveles de corrupción.

En los diarios son habituales las denuncias de impunidad ante casos de grandes robos, tráfico de drogas y muertes a manos de agentes policiales y de seguridad.

El presidente de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, Marino Vinicio Castillo, denunció recientemente que más de 60 legisladores y un número considerable de síndicos y regidores vinculados al narcotráfico podrían salir electos en las próximas elecciones.

Las acusaciones de Vinicio Castillo dieron paso a otro sondeo popular, realizado por el vespertino El Nacional, de amplia circulación en el país. En uno de sus puntos la encuesta pregunta: ¿Podría el narcotráfico controlar el Congreso Nacional? Cerca del 90% de las dominicanas y dominicanos interrogados dijo que sí.