Revista Dilemas

Por Hugo Fazio

Piñera definió como el objetivo de su Gobierno en materia presupuestaria, los equilibrios fiscales, o sea que el nivel de gastos esté en función de lo ingresos obtenidos. Los equilibrios económicos no son lo usual. En las fases de crecimiento tienden a darse excedentes y en las de caída en los niveles de actividad a reducirse. Los mecanismos de política deben corregir los desequilibrios. Piñera reiteró una formulación que efectuó en Enade 2008, la cual de haberse implementado habría significado una recesión más larga y profunda que la vivida por el país. De otra parte, debe tenerse en cuenta la evolución en el precio del cobre que conducirá, de mantenerse su nivel del primer bimestre, a reducir significativamente el déficit fiscal previsto en la elaboración del presupuesto o incluso generar superávits. La formulación, obviamente, quedó más en contradicción con la realidad luego del violento terremoto acaecido el 27 de febrero.

En Cancún, donde viajó para participar invitado por la presidenta Bachelet en la Cumbre de Río, Piñera enfatizó que “vamos a tener que recuperar los equilibrios fiscales (…)”. De ello se deduce que entiende ese “equilibrio” como un objetivo central de su política económica. El terremoto dejó obsoletos estos planteamientos.  Al país se le plantean exigencias extras derivadas de la reconstrucción.  Los ahorros acumulados deben utilizarse en función de las necesidades.  

Sin embargo, las formulaciones realizadas deben analizarse, no pueden quedar en el olvido, pueden reaparecer más adelante.  Cuando la economía viene saliendo de una larga recesión buscar el equilibrio fiscal es equivocado, porque ello implica reducir aún más el crecimiento del gasto público, que ya se hizo prematuramente al aprobarse el presupuesto 2010 con los votos favorables de la derecha y la Concertación; o aumentar impuestos; o volver a transformar los excedentes generados por un precio del cobre superior al de tendencia –repitiendo el error cometido durante la administración Bachelet- en un mecanismo exclusivamente en un primer momento de reducción del déficit fiscal y destinado después a generar superávit.

Se trata de mecanismos contractivos, cuando durante la campaña electoral se privilegió como propósito el crecimiento económico y la reducción del desempleo.  La tasa de desocupación del trimestre móvil noviembre-enero aumentó a 8,7% de la fuerza de trabajo, 0,7 puntos porcentuales superior a doce meses atrás, cifra que se transforma de dos dígitos si se considera las personas que tienen ocupación por los programas gubernamentales de emergencia, con porcentajes superiores en ciudades como Talcahuano de 13,5%, o la zona carbonífera de Coronel (19,0%) y Lota (16,9%),  cuyas situaciones en lo inmediato se agrava por el terremoto.

De otra parte, el nivel alcanzado por la cotización del cobre conduce a que el saldo en contra previsto vaya a ser claramente inferior al presupuestado. En efecto, el déficit efectivo proyectado fue de US$1.921 millones, pero con una estimación de cotización promedio en el año de US$2,70 la libra, muy inferior a los niveles alcanzados en lo transcurrido del año, alcanzando en el primer bimestre un promedio claramente superior, lo que de continuar conduce a que el déficit sea marginal o incluso pueda nuevamente generarse un superávit, no causado obviamente por la conducción fiscal sino por la forma como los acontecimientos externos inciden en el país.  En este caso, concretamente, los niveles de crecimiento registrados en Asia emergente, particularmente en China, los grandes demandantes mundiales del metal rojo y de otros rubros principales de exportación del país.  Esta coyuntura positiva debe utilizarse.  

Pero hay más, la nuevamente elevada cotización en el precio del cobre hace necesario, en vez de amenazar con que no se podrán satisfacer las demandas sociales, proponerse que los consorcios privados del cobre, extranjeros y nacionales, no sigan obteniendo rentabilidades excesivas que en un porcentaje elevado sacan del país. ¿Si esas ganancias excesivas se retuvieran que sucedería con el déficit fiscal?  ¿No se generarían recursos nuevas para enfrentar la emergencia?  De allí también lo equivocado de orientarse a privatizar parte de Codelco.

No es primera vez que Piñera hace una formulación similar.  En el mismo sentido se pronunció en la Enade 2008 cuando la economía chilena se encontraba en recesión. Refiriéndose al presupuesto 2009 aprobado por el Congreso, que a poco andar debió dejarse de lado para aplicar políticas anticíclicas, manifestó que se habría cometido un grave “error” al expandir el gasto público por encima del crecimiento esperado de la actividad económica . De aplicarse su criterio, dado que en 2009 la economía estuvo en recesión, debería haberse reducido el gasto público, política absolutamente inversa a la seguida a nivel mundial y que impidió a la economía global caer en una depresión, y que habría profundizado la contracción en Chile de la actividad económica.

Felipe Larraín, debió aclarar que la formulación de Piñera no significa “desconocer el apoyo que hemos dado a la conducción anticíclica”, poniendo en primer lugar como objeción que el déficit de 2008 “fue más allá de lo que previó incluso la autoridad. Cuando se nos dijo –agregó- que no se iba a cumplir la regla de superávit se habló de un déficit estructural de 0,4% del PIB, y el déficit terminó en 0,9%”.  Los déficits estructurales, o sea que se pueda gastar por encima de los ingresos permanentes, debe concebirse como un elemento de política económica, más aún en situaciones excepcionales.

Desde luego que la discusión necesaria hoy no es sobre el déficit presupuestario de 2009, sino sobre el manejo fiscal en el 2010. Pero, mirando hacia atrás, ¿fue negativo un déficit superior al previsto en un año de recesión? ¿Si se hubiese frenado el crecimiento del gasto como habría repercutido en los niveles de actividad económica y en las tasas de desempleo? No es efectivo lo afirmado por Larraín que “un aumento del gasto público de un 18% real… constituye una restricción para el presupuesto 2010 y lo que podría gastar el nuevo gobierno”. El país tiene un elevado ahorro en el exterior, que debe utilizarse cuando es necesario y el endeudamiento público es muy bajo según parámetros internacionales.  

Por lo demás, como afirmó el economista del Deutsche Bank, Gustavo Cañonero, la reducción del desbalance no se requiere hacerlo drásticamente al decidir implementarlo, “puede demorar toda la nueva administración si elige un ajuste gradual y dependerá de muchas cosas, en particular del precio del cobre. Si quiere tomar más tiempo para revertir el déficit, no le veo una repercusión negativa”. Desde luego el déficit o su reducción no es un objetivo en sí, sino en función de los requerimientos o no de la actividad real, como volvió a ponerlo en evidencia el terremoto del 27 de febrero, que en lo inmediato también tiene efectos contractivos, aunque los planes gubernamentales de reconstrucción tendrán posteriormente el efecto inverso.

“La situación de las finanzas fiscales del año 2009 es algo –expresó Piñera en Cancún- que no es repetible”. Una situación similar no estaba planteada al pronunciar sus palabras. Primero, porque el escenario económico era de crecimiento y no de caída en la actividad económica, como aconteció en 2009, lo cual modifica inmediatamente la situación de los ingresos fiscales, de un contexto de reducción a otro de aumento de ingresos. Segundo, por la evolución en el precio del cobre. Y tercero ya se limitó bruscamente el crecimiento del gasto público, por acuerdo entre la Concertación y la derecha.

Velasco entró al debate obviamente defendiendo la política fiscal seguida. “Amortiguamos los impactos externos –señaló reiterando una afirmación ya efectuada con anterioridad- en las buenas y en las malas. Cuando el cobre estaba por la nubes, tuvimos grandes superávits y, cuando la economía mundial se fue al tacho, tuvimos un déficit que es totalmente manejable, financiable y moderado”. En esta formulación no hay ningún elemento autocrítico, cuando se cometieron errores notorios, que desde luego tuvieron un costo fiscal. Por ejemplo, las políticas anticíclicas –que ahora hay consenso sobre su utilidad- se aplicaron con mucha tardanza, recién a comienzos de 2009 cuando la recesión chilena había comenzado seis meses antes, lo cual condujo a que se tardase en su recuperación. Fue tan grosero el error cometido que significó dejar de lado el presupuesto propuesto por Velasco y aprobado por el Congreso apenas dos meses antes.

Las políticas anticíclicas son frecuentemente una necesidad. De allí lo equivocado de la formulación de Piñera sobre “recuperar los equilibrios fiscales”, sin efectuar un análisis detallado de la evolución económica del país. Más aún, cuando programáticamente planteó recuperar tasas de crecimiento elevadas. Las economías normalmente se encuentran en desequilibrio y, por tanto, los mecanismos fiscales deben utilizarse para corregirlos. Un segundo tema, es la magnitud en que se hace tanto cuando se recorta el gasto como cuando se aumenta. En ambas fases fue equivocada la forma como Velasco lo manejó.  Cuando “el cobre estaba en las nubes” se dedicó a ahorrar en el exterior, en vez de utilizar un porcentaje de los excedentes para atender necesidades de la economía chilena y de sus habitantes. Luego, “cuando la economía mundial se fue al tacho”, los mecanismos anticíclicos debían haber sido más fuertes. El déficit estructural debió haber sido utilizado más claramente como un mecanismo de política económica, para no recordar nuevamente que durante un largo tiempo se minimizó las consecuencias en el país de la Gran Recesión.

Cuando Piñera hizo su afirmación, las condiciones de la economía mundial continuaban inestables, por lo cual el FMI en un informe de esos días planteó que las políticas de estímulo “tendrían que mantenerse hasta bien entrado 2010”. Para buscar los “equilibrios fiscales” deben realizarse análisis concreto que lo justifiquen y, en particular, deben entregarse antecedentes que evidencien la capacidad del sector privado de sostener la actividad económica, considerando la evolución mundial y la específica de Chile.  Las necesidades de reconstrucción planteadas por el terremoto introducen otra variable necesariamente a tener en consideración.  El ahorro gubernamental debe ser utilizado en situaciones de emergencia.

marzo 2010