Revista Dilemas

Por Carlos Gutiérrez P.

El sábado 27 de febrero, a las 3.35 de la madrugada, sacudió a Chile un mega terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter, afectando 6 regiones de la zona centro sur del país, que fue seguido por un tsunami en la zona costera de las regiones del Maule y Bio Bio, lo que ha sido uno de los mayores desastres naturales en nuestra historia y uno de los más grandes que se haya registrado a nivel mundial. Ha dejado un saldo de cientos de muertos, decenas de desaparecidos y millones de damnificados, ante la pérdida parcial o total de sus viviendas. Además de un quiebre de la conectividad terrestre que une al país de norte a sur, y las vías transversales que van del centro a la costa, con caídas de puentes, pasos de niveles y daños en la carretera propiamente tal. Según cálculos gubernamentales, la reparación de esta infraestructura demandará una cantidad de 1.200 millones de dólares. A esto debe sumarse el colapso de las comunicaciones de telefonía fija y celular, que dejó a muchísimas comunidades y ciudades aisladas por varias horas, y en algunos casos varios días, perjudicando la información sobre la dimensión de la catástrofe y las necesidades de ayuda.

 

La reconstrucción de las viviendas y edificios públicos significará un costo de 12.000 millones de dólares, y se verá afectada la expectativa de crecimiento económico, y seguramente algunos sectores claves del sector exportador y del mercado laboral.
Este desastre natural viene a sumarse a otros de gran magnitud en nuestra subregión en los últimos 5 años. El reciente terremoto en Haití, los huracanes en el Caribe el 2008 y 2009, la erupción volcánica en Chile el 2009, el terremoto en Perú el 2007, etc., con sus correspondientes secuelas de muerte y destrucción. Estos eventos seguirán siendo propios de la naturaleza e imposibles de evitarlos; la destrucción dependerá de los estándares de construcción que obliguen los estados a la industria privada y pública como mecanismo preventivo; la minimización de las pérdidas y sufrimiento humano estará condicionada por la prontitud y eficacia de la respuesta estatal.

 

El año 2003, en México, se desarrolló la Conferencia sobre Seguridad Hemisférica de la Organización de Estados Americanos, que entre otras relevantes conclusiones acuñó la definición de Seguridad Multidimensional, para caracterizar al nuevo paisaje de amenazas y riesgos que enfrentaban los estados y sus pueblos.

 

Esta nueva conceptualización no era solo un juego de palabras, sino que denotaba la compleja realidad contemporánea, que se ve tensionada por múltiples variables que la insegurizan, ya no solo las tradicionales asociadas al conflicto bélico y las crisis políticas, sino a las nuevas o emergentes como los desastres naturales, pandemias, crisis alimentaria, etcétera, que habiendo existido siempre, hoy adquieren mayor notoriedad y recurrencia, afectan con más fuerza a una población altamente urbanizada y dependiente de los tráficos constantes y acelerados de bienes y servicios.

 

Reconocimos que la Seguridad no es sinónimo de Defensa y no tiene que ver exclusivamente con ella, sino que tiene múltiples facetas y se requieren de distintos satisfactores para dar cuenta de los requerimientos. Pero se trata que efectivamente haya que avanzar en esas caracterizaciones y disponer del conjunto de recursos que el estado tiene para movilizar.

 

Las respuestas que los gobiernos nacionales han tenido frente a estas catástrofes naturales, nos dicen que siempre se ven superados por la realidad y que en todas las ocasiones se pudo haber hecho algo más y de mejor forma. Asumir seriamente, como una política de estado, la visión multidimensional de la Seguridad, nos debe llevar a un análisis autocrítico y propositivo del accionar gubernamental y el conjunto de actores estatales frente a los eventos que nos han golpeado como latinoamericanos.  

 

En esta dirección, instituciones que se definen por su disciplina, organización, mando, recursos materiales y humanos, como son las Fuerzas Armadas, debieran ocupar un lugar privilegiado en esta definición de política pública. Específicamente para nuestra región, en que el conflicto tradicional no está en la agenda política, debe actualizar un debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en este tipo de estados.

 

Discutir sobre la estructura de la fuerza, su despliegue en tiempos de paz, su equipamiento dual (necesarios para el conflicto militar y la urgencia civil), sus niveles de aprestamiento, los protocolos de intervención, la coordinación interagencial, la capacidad de absorción de la ayuda internacional, los esfuerzos principales, etc., son temas de verdadera urgencia nacional.

 

Es fundamental que la cooperación internacional juegue un rol destacado y por eso debe asumirse con prontitud y con visión estratégica este tema en el Consejo de Defensa Suramericano, que promueva la coordinación, y el trabajo conjunto y combinado entre las instituciones militares de la región.

 

Experiencias para aprender de ellas hay muchísimas y una de la cuales debiera ser la española con su UME (Unidad Militar para Emergencias), que desde el año 2005 ha generado valiosas prácticas que debieran incorporarse a un corpus común en su intercambio con la realidad latinoamericana.

Carlos Gutierrez es Director, Centro de Estudios Estratégicos, CEE-Chile