Revista Dilemas

“En los tiempos y circunstancias actuales, no es prudente ni conveniente promover una nueva ley de indulto de carácter general” señaló desde La Moneda, Sebastián Piñera, culminando con sus palabras el periodo de reflexión que había iniciado cuando recibió las propuestas de las iglesias Católica y Evangélica.

No habrá ley, no se discutirá en el parlamento  y los indultos se verán “caso a caso”.  Hubo, en general, beneplácito en las dirigencias políticas. Quienes respaldaban los indultos a militares mantienen la esperanza y los familiares de detenidos desaparecidos vigilantes y alertas.

¿Era viable una ley de indulto?

La eventualidad de un indulto a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad violando los derechos humanos se constituyó en la arista más polémica y que mayor rechazo provocó, pues no solo puso y pone en tensión uno de los  momentos más oscuros de nuestra historia nacional sino que restaura  en el presente un tema no resuelto. Amén que condiciona el futuro.

Por ello, quien encabeza el poder Ejecutivo debió, con seguridad evaluar todos los escenarios posibles, y prefirió transitar por los caminos del pragmatismo, pues las características del indulto,  su extensión y el instrumento legal al que recurriera generaría consecuencias políticas, tanto en el ámbito interno como internacional.

Una tradición

En Chile, existen dos figuras principales a la hora de buscar una extinción de la responsabilidad penal. Una, la  más antigua y tradicional es el indulto presidencial. La   otra es la amnistía.  

Es a partir de esta tradición, que la Iglesia Católica, concurrió hace algunos días a La Moneda para entregar su propuesta. Ese día no habló el Arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz –pronto a dejar su cargo- y si lo hizo, quien lo acompañaba, el obispo Alejandro Goic, quien no aceptó preguntas y leyó una declaración que llevaba preparada. Señal clara de que el tema no permitía ni permite errores conceptuales ni lingüísticos.

En su declaración, el obispo Goic, señaló que la iniciativa no pretende “reabrir las graves heridas ni tampoco” que ellas se cierren. Luego agregó que “nuestra petición no anula ni contradice el imperio de la ley y de la justicia, sino que lo supone y lo exige. Es decir, velando por el imperio de la justicia y salvaguardando el pleno imperio de los derechos humanos en materias de crímenes de lesa humanidad”.

El cuidadoso lenguaje en las declaraciones se hizo evidente. Más aún, al leer la propuesta muchos la calificaron de ambigua y poco clara, lo que era una evidente señal de que en torno a la propuesta existieron voces disidentes en la propia Iglesia Católica. Y aunque la propuesta incorporó a los uniformados y civiles involucrados en  violaciones de los DDHH, la Conferencia Episcopal señaló que “no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado”.


El contexto internacional en torno a los Derechos Humanos

El derecho internacional humanitario ha logrado avances sustanciales en los últimos años. La detención del dictador chileno en Londres es indicador  de que los crímenes de lesa humanidad y las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, no prescriben ni tampoco pueden son amnistiables.

La conciencia universal de que así debe ser, queda claro cuando recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena a Brasil revisar su ley de amnistía.  Navi Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, refiriéndose a la mencionada resolución de la CIDH  afirmó que “representa un hito crucial en la lucha contra la impunidad en una región que todavía tiene que comprender plenamente y hacer frente a las atrocidades cometidas durante varios de los conflictos internos en las últimas décadas”.

Navi Pillay se lamentó que “en América del Sur y en otros lugares, el olvido sigue siendo activa y oportunamente promovidos a través de leyes antiguas y nuevas” y  en una clara referencia Chile y  la ley de amnistía de 1978 -dictada   en su propio beneficio  por la dictadura- señaló “32 años después de su promulgación y a pesar del repudio internacional en los fallidos intentos para condenar al ex dictador chileno Augusto Pinochet” sigue vigente. Luego, La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se alarma ante  “la posibilidad de otorgar un indulto a ciertos violadores de derechos humanos, con motivo del Bicentenario en septiembre”.

Las reacciones que provenían del exterior no abrían mucho espacio a una nueva ley general de indulto. Más aún, al otro lado de la cordillera, en los últimos meses se reiniciaban  los juicios a los represores y se les castiga con cárcel. Así de simple y claro.  Después de  20 años, de que el ex presidente Carlos Menem indultó a los militares que se encontraban presos y sancionados por  crímenes de lesa humanidad, la sociedad argentina logró revertir ese grave error. El ex dictador Rafael Videla se encuentra nuevamente ante los tribunales por los abusos de derechos humanos cometidos en tiempos de la dictadura que presidió.

Abundar en ejemplos similares, puede ser excesivo, pero a partir de las referencias señaladas, el escenario internacional de los Derechos Humanos, hacía que la decisión de Piñera no fuera fácil.

Más aún si considera que año tras año, la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales condenaron al gobierno dictatorial, precisamente por los crímenes cometidos en dictadura y a cuyos perpetradores el podría indultar.

Si lo anterior dificultaba un indulto amplio a  los violadores de derechos humanos, la posibilidad de que a Piñera se le enrostrara internacional una afinidad con el pinochetismo,  ponía las cosas, en el ámbito internacional, cuesta arriba.

 

 

Y que ocurre con los escenarios nacionales

Pese a que hoy se pretende bajarle el perfil, es  evidente que durante la campaña presidencial, Sebastián Piñera, en la búsqueda de apoyos y votos para su candidatura, sostuvo reuniones con representantes de los círculos de uniformados en retiro, que propugnan la necesidad de considerar medidas a favor de quienes hoy se encuentran encarcelados por violaciones de derechos humanos.

Sebastián Piñera tenía y tiene que responder a las expectativas que esos sectores depositaron  en él.  Y dichos sectores presionan.

En una declaración conjunta emitida por el Cuerpo de Generales y Almirantes, el Cuerpo de Generales de Carabineros, la Coordinadora de Organizaciones de Personal en Retiro de las FFAA y la Coordinadora Nacional de Círculos de Personal en Retiro de Carabineros, manifiestaron que “el actual Presidente de Chile, ajeno a indebidas como ofensivas presiones de quienes, interesadamente, insisten en perpetuar la odiosidad y división entre los chilenos, adopte la más sabia y justa resolución en esta trascendente materia que afecta el alma nacional”

Una vez conocido que el indulto será caso a caso, el ex vicecomandante en jefe del Ejército y presidente de la Fundación “Chile mi Patria”, Rafael Villarroel, declaró que mantienen la esperanza y sostuvo que esperaban que en “este caso particular… considere todos los aspectos humanitarios que hay que considerar en relación al personal en retiro de la defensa nacional que está sometido a proceso o condenados”

En la misma línea de promover un indulto a los militares, el senador y ex timonel de la UDI, Hernán Larraín, se pronunció horas antes del anuncio de La Moneda. Larraín señaló que “le pido que (la propuesta) la haga más allá de la popularidad o impopularidad de la medida. Un indulto no puede ser un acto de discriminación, porque lo hicieron civiles o militares”, señaló el parlamentario.

En los días previos a la esperada propuesta de las Iglesias, las organizaciones  defensoras de los derechos humanos gestados en los tiempos de la dictadura hicieron saber su disconformidad con una ley de indulto, habida cuenta que se dieron a conocer las condenas por el asesinato del General Carlos Prats, cometido por la DINA, el servicio de seguridad que dependía directamente de Pinochet, una asociación ilícita terrorista

Las agrupaciones de víctimas de la represión, familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados, de ex presos políticos sentían que, una vez más, la sociedad pretendía nuevamente marginarlos para integrar, esta vez, a los responsables de crímenes atroces.  Se agregaba el hecho de que el debate se circunscribía  a los casos en que se atentó contra el derecho a la vida, limitando con ello la situación a victimas y victimarios.

En el seno de las agrupaciones de familiares de víctimas, se hacía esfuerzos por resaltar, que en tiempos de dictadura, fueron muchos los derechos violados, que se instaló desde el estado dictatorial un clima de terror y persecución que afectó al conjunto de la población, en especial los más pobres. Allanamientos a poblaciones, toque de queda, exilio, persecución, estados de emergencia y se alentó la sospecha y la duda.

A la autoridad ética de la denuncia de quienes sufrieron más directamente la represión, que insistían en la idea de que “una sociedad que acepta convivir con la impunidad no merece llamarse democrática”, se sumaron sectores cristianos de base que señalaron que “el Dios cristiano es el restaurador de la justicia a favor de los marginados, a quienes la sociedad niega el acceso a la justicia que merecen”. El Comité Oscar Romero-Chile, agregaba que “la Iglesia, para continuar el ministerio de Cristo y dar testimonio del Dios de la vida, debe apoyar todo lo que ayude a la verdad y a la justicia, y oponerse a la mentira y a la impunidad que propician las fuerzas del egoísmo, la prepotencia y la crueldad, porque esas son las fuerzas del pecado y de la muerte que desgarran la convivencia humana”

A estas alturas, a la dinámica del debate, se sumaban las acciones de movilización de las agrupaciones de familiares frente a La Moneda con las fotografías de sus seres queridos en alto. Una imagen que recorrió la prensa mundial y que no siempre encuentra los espacios en la prensa nacional.

Adicionalmente, al cuestionamiento de los indultos que también provenía de la fragmentada izquierda, se fueron sumando sectores de la Concertación, la hoy alianza gobernante. Desde este sector, hubo quienes anunciaron desde un principio que se opondrían a una ley general de indultos si se incluía a violadores de derechos humanos, lo que no dejó de llamar positivamente la atención, dado que años atrás estuvieron rescataron  al dictador de los jueces ingleses.

Incluso, más allá de las declaraciones del senador Hernán Larraín, en la alianza que respalda a Piñera, se prefirió debatir más al interior de las sedes partidarias y en La Moneda que por la vía de los medios. Públicamente, en lo que trascendió, se optó por un lenguaje moderado.

Con un escenario eterno complicado, con una realidad interna que demostraba que no había condiciones para debatir un proyecto de ley en el parlamento, que además serviría para facilitar el rearme de la Concertación, conocedor Piñera que no tenía seguridad de obtener algunos votos de la Concertación, decidió caminar por el pragmatismo realista.  Indulto presidencial, pero caso a caso.


Atentos al devenir

Y en el caso a caso, se sitúa la posibilidad de que Piñera, responda a las esperanzas que mantienen los ex- uniformados.  Y en el caso a caso, está la preocupación y vigilancia que dispone a  quienes rechazan la extinción de la responsabilidad penal de quienes cometieron crímenes en dictadura.  

Y este estado de vigilia se sustenta en una realidad judicial: los crímenes de la DINA, la policía secreta del régimen son considerados crímenes de lesa humanidad –crímenes que lesionaron a la humanidad entera- y por lo tanto inamnistiables. En los  crímenes, igualmente horrendos,  cometidos por su sucesora, la CNI y otros organismos de seguridad, no necesariamente ha sido así.

La alerta se justifica plenamente.

Julio 25 de 2010